A partir de este mes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá el reporte de las personas que usaron su tarjeta de crédito, de servicios, prepagadas o cheques de viajero y que sobrepasaron los montos estipulados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El reporte incluye a los plásticos que no son emitidos por el sistema financiero como los de tiendas departamentales y de prepago adquiridas en locales de ropa, gasolineras, entre otras.
Según el reglamento de la ley antilavado, el 17 de noviembre vence el plazo para que las personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables al lavado de dinero (juegos con apuestas, rifas, emisión de tarjetas, desarrollo de bienes inmuebles, entre otros) se inscriban ante el SAT y envíen la información de los clientes que efectuaron compras en efectivo superiores a los montos establecidos en la ley.
En el caso de tarjetas de servicio o de crédito, la identificación del cliente es a partir de los 52 mil 131 pesos y los avisos al SAT se tienen que realizar cuando el cliente efectúe una compra mayor a 83 mil 216 pesos.
Si son tarjetas prepagadas, la identificación y aviso se debe realizar a partir de los 41 mil 770 pesos.
En cheques de viajero, la identificación se requiere en cada ocasión y el aviso a la autoridad de esta operación se da a partir de los 41 mil 770 pesos.
Mientras que en operaciones de préstamos o créditos, con o sin garantía, la identificación se dará siempre y el aviso al SAT es a partir de 103 mil 939 pesos.
Federico Garza, socio legal fiscal de Baker Tilly México, recalcó la importancia de que la presentación de los avisos y reportes se realice en los tiempos y formas establecidos en la Ley, para evitar sanciones administrativas que pueden ir de 200 a 65 mil días de salario mínimo, esto es entre 12 mil 500 a 4 millones 200 mil pesos.
Expuso que a pesar que hay argumentos para buscar el amparo en contra de esta ley, hay pocas probabilidades de que se ganen en los juzgados.
Rodolfo Martínez, socio director de RSM Bogarín, dijo que un objetivo lateral de esta ley, es fiscalizar.
Fuente: Periódico El Financiero
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